El crédito es una herramienta central del sistema financiero. Permite adelantar consumo, afrontar emergencias, comprar una vivienda o financiar proyectos. Pero cuando las cuotas empiezan a superar la capacidad real de pago, el crédito puede transformarse rápidamente en un problema difícil de resolver.
Y una vez que eso ocurre aparece una pregunta menos discutida: ¿qué herramientas tienen las personas para salir de una situación de sobreendeudamiento?
En América Latina no existe una única respuesta. Algunos países han creado mecanismos públicos para renegociar deudas; otros facilitan su consolidación dentro del sistema financiero; y en otros casos la solución depende principalmente de acuerdos individuales entre bancos y clientes.
En 2026, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, respaldado por la Ley N.º 6.959.
El programa busca que personas con dificultades para cumplir sus obligaciones puedan acceder a una refinanciación en mejores condiciones. Una de sus particularidades es que involucra directamente al sistema financiero: las entidades que adhieren pueden refinanciar deudas de consumo y reciben incentivos fiscales para hacerlo.
El enfoque es interesante porque intenta intervenir antes de que una situación de endeudamiento termine convirtiéndose en exclusión financiera permanente.
En el caso de Chile el modelo es ligeramente distinto. La Ley N.º 20.720 contempla un Procedimiento Concursal de Renegociación para personas que acumulan determinadas deudas vencidas.
El procedimiento es administrativo y gratuito. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento actúa como facilitadora entre la persona y sus acreedores para intentar alcanzar nuevas condiciones de pago.
Para acceder, entre otros requisitos, la persona debe tener al menos dos obligaciones vencidas por más de 90 días que, en conjunto, superen las 80 UF.
Es decir, el Estado no necesariamente presta el dinero ni obliga a un banco a absorber todas las deudas: crea un espacio institucional para que una persona que ya no puede cumplir el esquema original tenga una oportunidad de reorganizarlo. La Superintendencia chilena afirma que más del 93% de los deudores que se acercaron al organismo logró un acuerdo con sus acreedores.
Brasil dio un paso adicional con la Ley N.º 14.181 de 2021, conocida como la Lei do Superendividamento.
La legislación incorporó el tratamiento y la prevención del sobreendeudamiento al marco de protección del consumidor. El principio detrás de ella es relevante: una persona debería poder renegociar sus obligaciones preservando recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Brasil también ha complementado ese marco con programas y campañas públicas de renegociación. El Estado, los organismos de defensa del consumidor y las instituciones financieras participan así de distintos mecanismos orientados a facilitar acuerdos con los acreedores.
El enfoque brasileño introduce una idea importante: el sobreendeudamiento no es únicamente un problema entre un banco y un cliente; también puede convertirse en un problema social y de protección del consumidor.
En el caso de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) reconoce la consolidación de deudas como una alternativa mediante la cual una institución financiera puede cancelar obligaciones que una persona mantiene con diferentes entidades y transformarlas en una única deuda.
La ventaja potencial es clara: una sola cuota, una única tasa y, si las condiciones son mejores, una carga financiera más manejable.
Pero existe una diferencia importante respecto de Chile o Brasil: la consolidación no constituye una obligación para las entidades financieras. Su disponibilidad depende de la evaluación y de las condiciones ofrecidas por cada institución.
Los ejemplos muestran que Latinoamérica está ensayando distintas maneras de enfrentar el problema.
En un extremo está la consolidación financiera: reemplazar varias deudas por una nueva obligación más manejable. En otro está la renegociación, donde se modifican plazos, tasas o condiciones de las obligaciones existentes.
También aparecen mecanismos de mediación pública, procedimientos de insolvencia personal, incentivos para que las instituciones financieras refinancien y programas de educación y orientación al consumidor.
Son herramientas diferentes, pero comparten una idea: cuando una persona deja de poder pagar, la única respuesta del sistema no tiene por qué ser cobrar, penalizar o excluirla del crédito. También puede existir un camino para reorganizar su situación financiera.
Sin embargo, existe una segunda pregunta. ¿Qué sucede después de refinanciar?
Una cuota menor puede aliviar el problema inmediato, pero no necesariamente modifica las condiciones que llevaron al sobreendeudamiento. Una persona puede salir de cinco deudas con un nuevo crédito consolidado y, meses después, volver a utilizar las líneas de crédito que acaba de cancelar.
Por eso, una política efectiva de desendeudamiento puede necesitar algo más que mejores condiciones financieras.
Entender ingresos y gastos. Determinar cuál es realmente la capacidad mensual de pago. Priorizar obligaciones. Construir un presupuesto viable. Prepararse para gastos inesperados. Y acompañar a la persona durante los primeros meses posteriores a una refinanciación.
La solución financiera y el acompañamiento financiero deberían empezar a pensarse como dos partes de una misma intervención.
Para las instituciones financieras esto también puede representar una oportunidad. Ayudar a un cliente a recuperar su capacidad de pago no es solamente una política de inclusión financiera: puede significar menor reincidencia en mora, mejores niveles de recupero y la posibilidad de reconstruir una relación de largo plazo con ese cliente.
Los avances que vemos en Argentina, Brasil, Chile y otros países muestran que la discusión está empezando a cambiar.
Quizás la pregunta ya no sea solamente cómo cobramos una deuda, sino también cómo ayudamos a una persona a recuperar una situación financiera sostenible.
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